Desde hace un año los Médicos de Urgencias de Andalucía estan reivindicando POR UNA URGENCIAS DIGNAS y en ese compromiso se enmarcan las diversas denuncias de deficiencias y necesidad de mejora de la Atención Urgente en Andalucía, y en este contexto estos facultativos, por presuntamente expresar opiniones y comentarios acerca del funcionamiento del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE), que fueron grabadas y posteriormente difundidas sin su conocimiento ni autorización, fueron inmediatamente expedientados y fulminantemente SUSPENDIDOS CAUTELARMENTE de empleo y sueldo, sin ni siquiera un trámite previo de audiencia.
Esto causó el rechazo de múltiples asociaciones sindicales, profesionales y de pacientes.
Afortunadamente la Justicia ya ha dictado un Auto por el que se le ha levantado la suspensión cautelar a un facultativo al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales; en otro también la ha levantado al presuponer que es una falta leve y por tanto se trata de una medida arbitraria, atípica y desproporcionada, que causa al trabajador un daño y un estigma en el entorno laboral difícilmente reparable. El tercer facultativo sancionado está pendiente de decisión judicial.
Estos Autos están recurridos por la Administración. Si se desestiman estos recursos, ¿solicitarán con el mismo énfasis que se asuman las responsabilidades Administrativas y Políticas que correspondan?. Hay que tener en cuenta que el Artículo 72.2.t) del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicio de Salud define como falta muy grave el exceso arbitrario en el uso de la autoridad que cause perjuicio grave al personal subordinado. ¿Se solicitará que se le incoe el correspondiente Expediente Disciplinario al Gerente del hospital Virgen del Rocío?. Y al mismo tiempo, puesto que la Consejera de Salud ha defendido públicamente la medida adoptada por el Gerente de dicho hospital, ¿se solicitaría su cese?

Por el contrario, el Servicio Andaluz de Salud, en vez de reconocer la injusticia de su actuación, practica una huida hacia delante y propone una sanción de DOS AÑOS DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO para estos facultativos, lo que a nuestro entender es un auténtica “CAZA DE BRUJAS”.

Hemos de recordar que a los médicos del caso Leganés ni se les ha suspendido cautelarmente de funciones ni se les ha incoado expediente o sancionado Administrativamente, lo cual nos parece acertado, a pesar de la enorme gravedad de los hechos imputados, por lo que parecen mucho más INJUSTAS Y DESPROPORCIONADAS las medidas cautelares y propuestas de sanción adoptadas contra los facultativos de urgencias del hospital Virgen del Rocío .
Probablemente el fin éstas es el de amordazar a los médicos para que no denuncien las deficiencias del sistema sanitario a la vez que intentan sofocar un conflicto en las Urgencias hospitalarias de Andalucía que dura ya 10 meses.

A pesar de todo mantenemos la esperanza de conseguir UNAS URGENCIAS DIGNAS PARA PACIENTES Y PROFESIONALES.