El proyecto de la comúnmente llamada Ley de la Memoria Histórica, aprobado por el Gobierno en septiembre del año pasado, invocaba en su exposición de motivos la necesidad de «cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y de dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron directa o indirectamente las consecuencias de la Guerra Civil».

El texto pactado entre PSOE e IU no sólo no va a «cerrar las heridas» del enfrentamiento entre los españoles durante la Guerra y el franquismo sino que las va a reabrir porque se trata de una iniciativa sectaria y partidista que interpreta aquella tragedia de acuerdo solamente con la visión de uno de los dos bandos de la contienda.
Al no derogar las leyes del bando republicano dictadas entre julio de 1936 y abril de 1939, cuya aplicación permitió la ejecución sumaria de miles de inocentes.
Además sólo habla expresamente de las víctimas del franquismo sin mencionar jamás a las otras.
Estamos ante una memoria selectiva y sectaria, que deroga expresamente la legislación franquista para abrir la vía a la revisión de los juicios del bando nacional y el franquismo pero no a la inversa.
Esta ley pretende reinterpretar la Historia y convertir la desgraciada contienda que finalizó hace 68 años en una película de buenos y malos.
Zapatero ha cometido en esta ley el despropósito de pretender enlazar la actual legalidad democrática con la de la Segunda República, tachando de un borrón cuatro décadas de Historia. El resultado es un bodrio que haría bien en retirar, aunque sólo fuera para no molestar a la mitad del Parlamento y de la nación.