CASO JUAN GUERRA
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| A finales de 1989, Juan Guerra,
hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Guerra, fue
contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del
Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. El despacho era
utilizado para actividades diferentes a las asignadas, lo que le valió a Juan
Guerra ser acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico
de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
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| Juan Guerra había cambiado el paro de
28.023 pesetas, que cobraba cuando su hermano era el látigo de la oposición, en
1980, por suculentos beneficios, chalés y lujosos coches. En muy poco tiempo, el
“hermanísimo” pasó de operario en la fábrica sevillana de Santa Bárbara y de
vendedor de enciclopedias junto al comunista José María Torres Zapico, a mandar
más que el propio delegado del Gobierno, gracias a los buenos oficios de su
hermano Alfonso, que hizo realidad en su propia familia las promesas de redimir
al proletariado, ya que su otro hermano, Adolfo -el famoso de los langostinos
del Sena-, ya era director de Mercasevilla y se distinguía por la liberalidad
con la que utilizaba la "visa oro", mientras Antonio, "el patillas", recorría
España abriendo gasolineras o comprando solares con la tarjeta de presentación
de "hermano de Alfonso". El caso Juan Guerra, oficialmente modesto empleado del
PSOE con un sueldo de 129.370 pesetas líquidas mensuales, saltó a la luz pública
por mediación de su ex mujer Ángeles López Rubio, ya fallecida, quien harta de
las palizas de su marido (así consta en la denuncia que formuló contra él en
comisaría) inició una peregrinación con la documentación que comprometía a su
marido hasta que la información acabó en manos del líder popular Manuel Fraga.
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| SENTENCIA: Finalmente, en 1995, Juan
Guerra solo fue condenado por un delito fiscal. El y su socio Juan José Arenas
fueron condenados a dos penas de un año de cárcel por un fraude fiscal de
253.627 euros cometido durante los años 1988 y 1989 en su empresa Corral de la
Parra, en un caso sentenciado definitivamente por el Tribunal Constitucional en
abril de 2001. Además de la devolución de estos 253.627 euros (42,2 millones de
pesetas), ambos fueron condenados a pagar dos multas de 150.200 y 210.000 euros
(25 y 35 millones de pesetas. |
| GRADO DE CUMPLIMIENTO: Hoy, todavía, se
sigue intentando recuperar parte de este dinero defraudado. Así, en marzo de
2004, el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla ordenaba subastar dos pisos y
un Mercedes propiedad de Juan Guerra para devolver a la Agencia Tributaria la
cantidad antes citada. Fuentes judiciales afirman que este procedimiento se
debió a que Juan Guerra se declaró en su día insolvente y “al haber resultado
infructuosos todos los intentos de cobrar por otras vías”. El juzgado decidió
subastar estos bienes embargados, consistentes en un piso con plaza de garaje y
otra finca urbana en Sevilla, valorados, respectivamente, en 120.200 y 144.200
euros, así como un coche Mercedes sin tasar. Los fondos procedentes de este
embargo se destinarán en primer lugar a saldar la cuenta con Hacienda, luego las
costas del proceso y finalmente la multa, si se pudiera. Por su parte, el socio
de Juan Guerra, Juan José Arenas, ya ha abonado la totalidad de su deuda. Solo
le queda algún fleco pendiente en la tasación de las costas del proceso, según
las fuentes judiciales consultadas. En cuanto a las dos penas de un año de
cárcel cada una, el juzgado concedió a Juan Guerra en julio de 2002 la
suspensión de la condena dado que carece de otras penas privativas de libertad y
sólo fue condenado a seis años de inhabilitación en uno de los cinco juicios
celebrados contra él, en la denominada Trama Fridex sobre la recalificación de
unos terrenos en Alcalá de Guadaira (Sevilla). El hermano del dirigente
socialista Alfonso Guerra, que vive recluido en la localidad costera de Conil de
la Frontera (Cádiz), fue absuelto en otros cuatro sumarios referentes al uso de
un despacho oficial en la delegación del Gobierno; el de Fracosur sobre la
compra de unas fincas; el de Comasa, referente al proyecto para construir un
hotel en vísperas de la Expo 92 de Sevilla, y el de Litomed, sobre el desvío de
enfermos renales de la sanidad pública a una clínica privada. |