S?bado, 31 de mayo de 2008


María Emilia Casas, en el punto de mira del Supremo por unas escuchas telefónicas


El diario ABC lleva este sábado a su portada una investigación judicial con retorcidos e inesperados giros, en la que estaría implicada tangencialmente la mismísima presidenta del Tribunal Constitucional. La historia comienza el 17 de abril del año pasado. Entonces, María Emilia Casas recibió la llamada de una abogada que le cuestionó acerca de un "asunto familiar". Lo que desconocía es que, presuntamente, dicha letrada encargó a unos sicarios el asesinato de su marido. Para rizar el rizo, la prueba clave es una grabación en la que también aparece la actriz Ana García Obregón.

La prueba que tiene el Tribunal Supremo, y que podría poner en apuros a Casas, fue obtenida durante la investigación del asesinato de un hombre perpetrado el 14 de marzo de 2007, supuestamente por el encargo de su mujer. 

 

La citada conversación telefónica, grabada por la Guardia Civil, se produjo el 17 de abril del pasado año, apenas un mes después de que se cometiera el asesinato en el garaje del número 3 de la calle de los Caretos de la localidad madrileña de Ciempozuelos. A las 21:27 horas de esa noche de martes, la abogada Dolores Martín telefonea a María Emilia Casas. La letrada explica a la presidenta del TC que la llama de parte de una amiga común, que es la que hace de intermediaria para que la conversación entre ambas se pueda producir.

El motivo de la llamada de la letrada Martín era pedir asesoramiento acerca de un asunto familiar, al parecer sobre cómo presentar un recurso ante un juzgado para intentar recuperar la custodia de su hija, que había perdido precisamente el mismo día en que su marido fue asesinado por encargo suyo, según la investigación de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

 

Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo —en concreto su Sala Segunda— tenga que analizar si un presidente del Tribunal Constitucional ha podido cometer alguna irregularidad. El incidente se produce además en un momento especialmente delicado para el TC por el deterioro de la imagen sufrido como consecuencia de la politización de algunos de los asuntos de los que debe decidir, como el estatuto de Cataluña.

 

«El cargo de juez o magistrado es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido». Este es uno de los supuestos de incompatibilidad previstos en el artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aplicable, además de a los jueces, a los miembros del Tribunal Constitucional en lo que se refiere al régimen de incompatibilidades y al régimen disciplinario.

El artículo 417 de la misma ley establece en su párrafo sexto que «el ejercicio de cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado establecidas en el artículo 389 de esta Ley (...)» -el citado anteriormente- es una falta disciplinaria muy grave. Las sanciones previstas para estas faltas son, de menor a mayor, «suspensión, traslado forzoso o separación».

 

Esperemos que apliquen la ley igual que si fuera un españolito cualquiera…..


Publicado por medicinanuclear @ 15:51  | CAMPA?A
Comentarios (1)  | Enviar
Comentarios
Publicado por Invitado
Lunes, 02 de junio de 2008 | 0:00
??Vaya amistades!!