Jueves, 23 de octubre de 2008


Juan Pedro Jiménez Tamplin


Tras la lectura que he realizado de este anteproyecto, varias son las reflexiones que me sugieren que como principio básico, debo declarar que aunque los médicos sabemos que la vida siempre tiene un final, también sabemos y estamos obligados por nuestro Código Deontológico, a que nuestro lugar ante el enfermo es estar al lado de la vida.

 

También es necesario recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa afirma “que el deseo de morir de los pacientes terminales o los moribundos no constituye ningún derecho legal a morir a manos de otra persona”.

 

Afirma el documento en cuestión que “Las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte han adquirido gran importancia en nuestra sociedad”. Esta primera afirmación no creemos coincida con la opinión de la sociedad andaluza. No percibimos un clamor social pidiendo la creación de alguna normativa que regule esta grave circunstancia, ya que la actuación de los profesionales sanitarios, ante los enfermos terminales, vienen de hecho aplicando criterios éticos y humanos para evitar un sufrimiento innecesario de estos enfermos y aplicándoles los tratamientos paliativos necesarios hasta su muerte, no existiendo por tanto una mala practica, ni frecuente ni generalizada. Como confirmación de lo anteriormente expuesto, tampoco hemos encontrado un número de casos significativos de reclamaciones, en los centros sanitarios,  relacionados con el objeto del anteproyecto de la citada Ley. Este proyecto de Ley coloca a los médicos en situación de sospecha y de su lectura se deduce que las conductas irregulares son generalizadas en la practica medica en Andalucía.

 

Más bien parece que este proyecto legislativo viene a dar respuesta a situaciones puntuales de gran impacto mediático, cuyo análisis y opinión corresponde a los criterios ético y morales de cada uno de nosotros, pero desde luego sin la suficiente entidad como para motivar la creación de una ley.

 

Las distintas leyes (LGS, 2/98 de Andalucía, 41/2002, Estatuto de Autonomía,  de Andalucía, Recomendaciones 1418/99 y 24/2003 del consejo de Europa, Ley 5/2003 de Testamento Vital) ya regulan de una manera exhaustiva el derecho que tiene el enfermo para decidir sobre su futuro sanitario. Resulta sorprendente que el presente proyecto de ley vaya más allá de lo actualmente legislado y quiera regular, de nuevo, no solo la voluntad del paciente, sino que incluso también quiera regular “la voluntad que presuntamente tendría el paciente si estuviera en ese momento en situación de capacidad”.

 

Referente a la regulación de los deberes del personal sanitario (en el ámbito publico y privado), en el proceso de la muerte, también existe suficiente normativa (LGS, 2/98 de Andalucía, LOPS, 41/2002, Estatuto de Autonomía de Andalucía, Recomendaciones 1418/99 y 24/2003 del consejo de Europa, Comités de Bioética profesional) para guiar la actividad en dicho proceso. Entendemos que recae excesivamente la responsabilidad del procedimiento en el medico responsable por una doble vía, una ante la familia, ya que deberá tomar decisiones incluso por encima o en contra de la opinión de esta y otra ante el articulado de infracciones y sanciones que puede condicionar la buena praxis del medico abrumado por la gravedad de estas.

 

Otro aspecto muy importante es que este anteproyecto obvia el derecho a la objeción de conciencia del medico, recogido en nuestra Carta Magna (Art. 16.1). La libertad del enfermo no puede eliminar la libertad del medico, ya que nuestra profesión nunca entendió, ni entenderá,  la relación medico enfermo como un ámbito de posibles enfrentamientos, por lo que no considero necesario esta regulación que además supone una desconsideración injusta del medico andaluz.

 

Mas practico y adecuado seria invertir en información a los ciudadanos, así como aumentar los recursos materiales y humanos para facilitar a los enfermos unos mejores cuidados paliativos, sobre todo en el sistema sanitario publico andaluz.

 

CONCLUSIONES

 

Tras el análisis pormenorizado de este anteproyecto, salvo mejor criterio, considero este anteproyecto de Ley:

 

  • INNESESARIA: ya que existe suficiente normativa al respecto para regular esta situación terminal en los enfermos andaluces
  • INOPORTUNA: este tipo de actividad asistencial debería regularse, al igual que otras, más bien mediante Guías o Protocolos de procesos asistenciales integrados como desarrollo de las normativas existentes.
  • AMBIGUA: algunas definiciones que se usan son extremadamente ambiguas y genéricas, dejando la puerta abierta a muchas posibilidades e interpretaciones. Falta concreción.
  • REPRESORA: el brutal régimen sancionador puede coaccionar la actitud terapéutica del medico, que se vera empujado a cumplir la ley aun en contra de su opinión facultativa.
  • ECONOMICISTA: el medico responsable puede verse impelido a actuar conforme el contenido del presente anteproyecto por razones puramente económicas, el gasto de un enfermo terminal es muy superior, dependiendo del tiempo de supervivencia, al de un enfermo no terminal.

 

Finalmente recordar la sutileza de que no es igual dejar morir dignamente al enfermo que quitarle la vida. La eliminación del que sufre no puede estar protegida por ningún tipo de regulación, ya que no puede ser humanitaria ni respetuosa con la dignidad humana.


Publicado por medicinanuclear @ 16:03  | SALUD Y CONSUMO
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