Viernes, 06 de marzo de 2009


ABC E. BARBA. SEVILLA

 

La sentencia hecha pública ayer por la Audiencia Provincial sobre el «caso Macarena» no sólo expone las condenas a los dos acusados, José Marín y José Pardo, y sus fundamentos, sino que también se detiene a criticar las prácticas irregulares del Ayuntamiento de Sevilla en lo concerniente a contrataciones. De hecho, el juez vincula directamente en la sentencia las condenas impuestas y el propio caso en sí al sistema alegal de trabajo y la falta de control del dinero público por parte de los responsables municipales.

Así, en los fundamentos de la sentencia, a la que este periódico ha tenido acceso, el magistrado alude a la falta de colaboración de Pardo para «aclarar la situación» y aportar pruebas, «pero siendo ello una realidad, también lo es que la administración local estableció un sistema de contratación de difícil encaje legal, como explicó la funcionaria responsable del Distrito Macarena, cuyo uso generalizado ha contribuido a la ausencia de material probatorio». El juez, recalca la «ausencia de un verdadero procedimiento reglado para tramitar esos expedientes», algo que «ha impedido que se conozcan los criterios que justificaban la decisión de contratar con una empresa determinada».

 

Añade la sentencia que el sistema de contratación de obras menores «ha provocado que no existiera un control formal a manos de funcionarios para que comprobaran la correcta ejecución de las obras contratadas ni tampoco un control último de los funcionarios para constatar que se observaron las normas sobre contratación en administraciones públicas». Señala el juez que la propia funcionaria que declaró como testigo «explicó que sólo podía ejercer un control superficial y a posteriori de los documentos que le entregaban, sin que tuviera participación alguna en la tramitación del expediente». Tanto es así que «emitió un informe al Ayuntamiento haciendo constar las consecuencias jurídicas que podía acarrearle ese proceder», indicando que «su firma aparecía exclusivamente a efectos formales y no para acreditar la realidad».

«No corresponde a este magistrado calificar jurídicamente la decisión del Ayuntamiento de instaurar ese procedimiento para contratar y ejecutar las obras urgentes (...), pero sí constatar la directa relación que ha existido entre la instauración de ese proceder sin control ni intervención de los funcionarios del Ayuntamiento en ninguna de sus fases previas al pago con la aparición de los comportamientos ilícitos enjuiciados», recalca el juez señalando directamente ese vínculo entre lo sucedido y el sistema establecido, con fraccionamientos de las facturas que se reconocen «sorprendentemente con naturalidad» pese a tratarse de una «práctica ilegal».

 

Cobrar obras no ejecutadas

 

Por otra parte, se considera probado que Pardo presentó facturas para el cobro de algunas obras «pese a conocer que éstas no se habían ejecutado, o lo habían sido sólo parcialmente» para obtener «más dinero del que le correspondería por las obras realmente realizadas». El contratista, según el juez, habría actuado «aparentando» que lo hacía por cuenta de la empresa Contratas y Obras Sevilla (COS), con facturas «que no se correspondían» con las del ente, pese a saber que la empresa ya había finalizado su actividad.

Para el magistrado, Marín permitió conscientemente que Pardo cobrara obras no ejecutadas pese a conocer eso y que el contratista usaba el nombre de COS sin ser su representante legal. En las facturas, el ex secretario del distrito añadió el nombre de Pardo para «eludir el control de la administración».

En cuanto a la falsedad, la acción de Pardo no puede «considerarse inocua» porque con la simulación de los documentos perseguía que no pudiesen descubrir que no tenía capacidad de representación, gestión y cobro en nombre de COS. En lo que respecta a Marín, cuando éste añadió el nombre de Pardo en los cheques lo hizo «no ya como funcionario, sino como particular».

 


Publicado por medicinanuclear @ 22:05  | ALCALDE
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